La elección judicial inicia la cuenta regresiva para 60 días de campaña con recursos limitados

La elección judicial ha entrado en cuenta regresiva con las campañas de candidatos a jueces, magistrados y ministros a nada de comenzar. Los 3.422 aspirantes a alguno de los 881 cargos de impartición de justicia a nivel federal saldrán del 30 de marzo al 28 de mayo a la caza del voto ciudadano, como lo hacen regularmente los políticos. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha acordado las reglas del juego para este proceso, único en el mundo, y ha puesto restricciones que cambian lo acostumbrado en las campañas políticas. Tan inusual como los mismos comicios será la promoción que los postulantes hagan para hacerse visibles ante los votantes y sus propuestas. Las campañas judiciales estarán muy lejos de los actos masivos o los grandes mítines que acostumbra la clase política. Para los aspirantes a juzgadores, este tipo de actos están prohibidos. La contaminación visual también se ha acotado en esta elección. Las normativas de este juego prohíben la contratación de espectaculares, bardas o autobuses para promocionarse. Tampoco pueden comprar publicidad en medios de comunicación, redes sociales o espacios físicos para promover a ningún candidato. Queda excluida la participación de partidos políticos, y tampoco se puede pagar o difundir encuestas. El reto es mayúsculo para los candidatos para darse a conocer con esas limitaciones y para los ciudadanos que busquen conocer a los cientos de candidatos entre los que tendrán que elegir a sus próximos impartidores de justicia.

En cinco días se dará el banderazo de salida para los más de 3.000 candidatos a cargos federales de impartición de justicia. En los siguientes días se sumarán 2.000 aspirantes de los 19 Estados que tendrán elección judicial local y en donde el inicio de las campañas será escalonado. Los candidatos contarán con 60 días para promocionarse y ganar el favor de los ciudadanos con recursos propios. A diferencia de las campañas a cargos en el gobierno, diputados y senadores, la de los impartidores de justicia será una campaña sin financiamiento público.

El arranque de las campañas marcará el preámbulo de los comicios del 1 de junio, un proceso que ha sorteado todo tipo de obstáculos y sigue sumando polémicas y dificultades. Los topes de campaña han sido el último pendiente que ha resuelto el INE luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó topes diferenciados dependiendo de la postulación. Con ello, ha quedado estipulado que los postulantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a magistrados de la Sala Superior podrán gastar hasta un millón 468.000 pesos; mientras que los aspirantes a magistraturas regionales tienen como tope hasta 881.000 pesos; los candidatos a magistraturas de circuito, 413.000 pesos; y los jueces de distrito, 220.000 pesos. Los topes de campaña y el cumplimiento de las reglas del juego marcan la pauta de una nueva etapa en el camino para la elección judicial. La violación de estas disposiciones hará la diferencia en las próximas semanas entre mantener o perder el registro de las candidaturas y es el precio más alto que tendrían que pagar los aspirantes en caso de infringir las disposiciones.

“Un gran mitin masivo fácilmente estaría rebasando algunas de las restricciones que hay”, comentó Jaime Rivera, consejero del INE. Los aspirantes pueden dar entrevistas en los medios de comunicación y participar en foros informativos, mesas de diálogo o encuentros organizados gratuitamente por los sectores público, privado y social. “Pueden participar en foros, imprimir propaganda en papel y hacer uso de sus redes sociales”, comentó la consejera Rita Bell López.

En un inusual giro, la Iglesia católica ha buscado entrar de una forma directa en la promoción de los candidatos. La Arquidiócesis Primada de México, en su editorial Desde la Fe, ha puesto a disposición de los aspirantes sus canales de comunicación para que puedan promocionar los proyectos o propuestas que tengan el objetivo de defender los derechos humanos. “Entender qué hace cada uno de estos jueces, cuál es su materia y ámbito de acción, es ahora, más que nunca, un deber ciudadano, si se quiere participar con responsabilidad en esta elección”, ha dicho la autoridad eclesiástica. Además, ha destacado la importancia de conocer a los aspirantes y sus propuestas. Por ello, la Iglesia mexicana ha convocado a los postulantes a enviar sus propuestas a través de grabaciones que serán publicadas en los distintos canales informativos de la Iglesia a partir del 10 de abril. La Constitución mexicana establece que México es un Estado laico, por lo que ninguna institución religiosa debe intervenir en la vida política del país.